Lo sucedido al gobernador del Cauca, es la segunda parte de tres procesos por las llamadas inversiones de 16 mil millones de pesos, dineros públicos destinados a salud y educación consignados en Probolsa.
El primer proceso fue político y se hizo en el Senado de la República, con la defensa de Jesús Ignacio García y del propio mandatario departamental. Debate insulso por lo dicho y por los resultados: el Senado no adoptó una acción política para castigar, o por lo menos señalar, un comportamiento político erróneo: afectar negativamente la salud y la educación de los gobernados.
Estamos ante el segundo proceso, que es disciplinario, y lo adelanta la Procuraduría General de la República con fundamento en la actuación, como funcionario, del gobernador en el citado caso.
Después (si le creemos al mandatario que dice haber denunciado el hecho ante los entes de control y la fiscalía), viene el proceso penal que determinará quién o quienes se apropiaron de esos dineros y quiénes, con su acción u omisión, facilitaron la consumación del delito.
Hechas estas precisiones, vamos a referirnos al segundo proceso, en curso, para comentar que el gobernador cada vez que sale a defenderse públicamente acude a un socorrido argumento penal que utilizó el señor Jesús Ignacio García en el Senado, en el debate político. Hasta ahora ningún ente de control ha calificado el hecho de robo; nadie ha dicho que unos documentos firmados por el gobernador propiciaron el robo; nadie ha asegurado que éste o aquel se quedó con la plata; estos son actos que en su oportunidad aclarará la Fiscalía General de la Nación y dará, o no, trámite para una acusación penal ante los jueces.
La procuraduría se ha pronunciado por la actuación del gobernador como funcionario, vale decir, su responsabilidad en el control y manejo de los dineros públicos a su cargo, en el control de sus funcionarios y en la acción administrativa de éstos. No es argumento válido de defensa, decir que la tesorera tenía amplias facultades de actuación otorgadas por una ordenanza de la Asamblea Departamental, de ninguna manera podía escapar al control administrativo. El gobernador, como jerarquía superior, es el nominador del secretario de hacienda y la tesorera y si sus actuaciones desbordan la administración impuesta por esa jerarquía, pues existe la solicitud de renuncia o en extremo la insubsistencia, que no es sanción sino la discreción que tiene esa jerarquía para prescindir de los funcionarios que desee cambiar. Tampoco es argumento administrativo decir que no tuvo conocimiento del manejo de esos dineros; antes bien, es un argumento en contra. Se establece entonces que no había control ni del gobernador, ni del secretario de hacienda por un periodo largo y por un monto demasiado visible. No creo que un procurador (aunque en este país todo puede ser posible) se vaya a tragar ese sapo: que se hacían consignaciones a una entidad ajena al gobierno cada dos o tres meses por unos valores de miles de millones de pesos sin advertirlo.
Desde el primer debate el señor gobernador debería haber renunciado; hubiera sido noble. Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos por menos. Hoy reconocemos en Nixon su valor para expiar sus culpas. En Colombia los funcionarios con errores escandalosos, desde el presidente para abajo, no renuncian, hay que echarlos.
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