Cuando el gobernante
toma una decisión crucial es porque la ha estudiado hasta el ínfimo detalle. Puede estar seguro entonces de que esa
decisión es la adecuada y no habrá perjuicios directos ni colaterales que, a
manera de bumerang, devuelvan las buenas intenciones en pésimos resultados.
Ahora el Alcalde de
Popayán, a quien se le abona que quiere el progreso de su ciudad, ha propuesto
a consideración del Concejo un impuesto a la construcción. Las nuevas obras, todas necesarias, requieren
más dinero y con los actuales gravámenes no se podrían hacer, dice el Alcalde. Se apela entonces a esculcar en los bolsillos
de los ciudadanos nuevos impuestos; en este caso los afectados son los
constructores, quienes, precisamente por esta razón –no se les cobra ese
impuesto–, han hecho de nuestra ciudad una urbe pujante con proyectos
innovadores, con bajos precios para adquirir vivienda que en otras ciudades
están por las nubes, que han bajado el índice de desocupación y, por ende, la
delincuencia.
De aplicarse este
impuesto habrá desestímulo para construir nuevos conjuntos residenciales, o
proyectos comerciales, trasladando el desarrollo a otras regiones o
encareciendo la vivienda hasta llegar a conformar la llamada burbuja
inmobiliaria: los nuevos propietarios se endeudarán hasta el límite de no poder
pagar sus deudas.
Si estas no son razones
suficientes para desistir del proyecto de Acuerdo para implantar este gravamen,
deberíamos, entonces, mirar el tema por otro ángulo.
Hace unos años era
necesaria la pavimentación de un barrio que hoy es ejemplo de progreso. No se podía aplicar el llamado impuesto de
valorización porque sus vecinos ya lo tenían por obras que afectaban a toda la
ciudad. ¿Qué se hizo?
En asamblea de moradores
y ante el Alcalde, quien lideró el proceso, se comprometieron a pagar una suma
fija diferida por tres años para ejecutar la obra. La Alcaldía la cobraba
rigurosamente cada mes en la misma factura del Acueducto y al final del término
establecido se dejaba de pagar. Con ese
valor se hizo un préstamo bancario que financió toda la pavimentación del
barrio. Muchos vecinos decidieron cancelar la obligación antes de la fecha
establecida porque tenían los beneficios de las calles pavimentadas.
Es cuestión de imaginación.
En Estados Unidos se
crearon las llamadas Corporaciones de Desarrollo que tenían un periodo fijo de
existencia para ejecutar un proyecto de gran envergadura para beneficio de una
región. Una vez que se concluía el
proyecto, la Corporación se disolvía. El
gobierno central y los gobiernos locales irrigaban recursos por tratarse de
obras de gran impacto. Así se hicieron obras que de otra forma hubiera sido
imposible acometer.
Esperemos no tener que
acudir a la trillada frase que el gobierno Santos ha hecho popular –con ventas
tan desafortunadas como la de Isagén–, si la decisión del Alcalde se mantiene y
los concejales la aprueban: Matamos la gallina de los huevos de oro.
