Cuando se realizó la Conferencia de Río en 2009, con
todos los presidentes de América Latina, el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo
que desde 1952 existía un convenio con el gobierno de Estados Unidos para que
el ejército de ese país asesorara al de Colombia en la lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo, firmado por el entonces presidente Laureano
Gómez.
A propósito de esta afirmación, el presidente del
Brasil, Luis Ignacio Lula D´Silva, hizo una observación al mandatario
colombiano: No le parece, señor
presidente, que si en tantos años esa estrategia no ha dado resultado, ¿debería
cambiarse?
El silencio de Uribe le otorgó la razón al presidente
brasileño.
Así son los gobernantes en Colombia, repiten y
reiteran los errores para declarar a sus gobernados que su estrategia va a
resolver los problemas de la comunidad. Pero los problemas no sólo continúan, sino que se multiplican y agravan.
Durante años se ha planteado por eminencias políticas,
que el ejército no debe usarse para la lucha contra el narcotráfico porque
puede permearse por la delincuencia y terminar siendo un elemento más de esa
criminalidad. Es lo que ha sucedido en Colombia y México.
También se pretende acabar con una creciente
criminalidad aumentando el pie de fuerza de la Policía y construyendo más
cárceles y aumentando las penas. Así nunca se acabará porque se están atacando
las consecuencias de una política y no se están resolviendo las causas. Los
llamados éxitos contra la delincuencia, tales como la captura, o baja, de
jefes, fuera de ser efímeros no resuelven de raíz el problema.
Sería conveniente que los llamados sectores de opinión
se hicieran –he hicieran a la opinión pública–, un balance de doscientos años
de vida republicana y con toda seguridad establecerían que nuestros problemas
son derivados de nuestros vicios políticos, que construyeron mal este país, que
han impedido un desarrollo justo de nuestra sociedad. Existen delincuentes
políticos porque se les ha cerrado las puertas, en forma violenta y excluyente,
a la deliberación e implantación de ideas que beneficien a una comunidad y no a
unas élites; muchas veces utilizando agentes y posiciones criminales. Existen
delincuentes, llamados comunes, porque se les ha impedido tener un grado de
bienestar digno, se les ha negado la educación y las oportunidades de
realización. Existen grandes delincuentes porque el sistema político permite
que haya explotación legal contra la población más débil. Existe esta población
más débil porque se le ha condenado a la miseria sin solución. Existe miseria,
caldo de cultivo de todas las delincuencias, porque en nuestro sistema
político, éste sostiene a quienes detentan el poder y el capital, en detrimento
de grandes sectores de la población para quienes, cualquier brote de rebeldía
es conjurado con el ejército y la policía y organismos de seguridad para
estatales. El bienestar de un nuevo rico es la miseria –o la muerte– de muchos
pobres.
Si nuestro sistema político tuviera claramente
establecidos –y protegidos–, sin ambigüedades, los derechos fundamentales del
ser humano que compone la sociedad, tales como el derecho a la salud, a la
educación, a la vivienda, a la recreación, al bienestar, garantizados por el
Estado, no habría razón para luchar por ellos, no habría razón para acudir a la delincuencia para obtenerlos, no
habría defensores de derechos de ningún tipo, ni enemigos de esos defensores.
Ahí está la causa de nuestros males: Nuestro sistema
político es obtuso, ampara una sociedad mal construida, una sociedad desigual,
injusta.
Es hora de construir Nación, entre todos, sin
exclusiones.
Mientras esta transformación no se haga –cambiar el
actual sistema político–, seguiremos viendo estrategias fallidas para corregir
lo que no se quiere corregir.
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