El alcalde de Popayán, Colombia, quiere corregir la inseguridad ciudadana por decreto. Es lo que coloquialmente hemos calificado de alcaldada. Cuando los decretos se promulgan para educar, para facilitar un procedimiento comunitario, para estimular una actividad económica, para incentivar una acción social, para aliviar una carga económica de los ciudadanos, etc., están cumpliendo su razón de ser, son buenos decretos. Cuando un decreto se emite para prohibir, las más de las veces, está propiciando lo contrario y, en el peor de los casos, auspiciando el crimen. Está claro que un alcalde no lo puede saber todo, pero sí se le exige comprensión de su medio, visión de su país y entendimiento del mundo que habita. En síntesis debe saber algo de política.
Y la historia da lindos ejemplos de gobernantes que decretaron prohibiciones y condujeron a su país al laberinto de la criminalidad. El más famoso fue la prohibición de importar licores en los Estados Unidos a principios del siglo XX; esa prohibición disparó el contrabando de licores y la proliferación de delincuentes que después se organizaron en mafias. De esa época surgieron personajes novelescos como Al Capone, Lucky Luciano y otros que el cine ha documentado como excelsos bandidos. Después se corrigió el error; Estados Unidos echó para atrás esa prohibición, legalizó la importación y se aplacó la violencia.
Si los actos administrativos que prohíben fueran efectivos, ya se habrían eliminado los atracos, los robos, los raponazos, los asesinatos, las extorsiones: bastaría promulgar los decretos correspondientes para prohibirlos.
Sacar un decreto que ordena el cierre de bares y cantinas a partir de las diez de la noche, con la motivación de que es la causa de la inseguridad urbana, sólo se le ocurre al comandante de la policía, no creo que al alcalde. El comandante no es político; él no tiene por qué saber que la causa de la violencia es social y en consecuencia la solución es política, pero el alcalde sí está obligado a saberlo y actuar en consecuencia.
En nuestro medio, un alcalde político podría paliar la violencia con un gran plan de obras públicas que reduzca la desocupación y aumente el ingreso de los ciudadanos, además de mejorar las condiciones físicas de convivencia. Ahí está el ejemplo de Bogotá, que con sus grandes frentes de obras públicas, todas necesarias para el discurrir de los ciudadanos, ha reducido la inseguridad y la desocupación que ahora exhibe el gobierno nacional como un logro en sus estadísticas. Quienes conocemos la capital, no nos dejamos tragar el cuento de los grandes medios de prensa que le atribuyen al presidente el éxito de su política, cuando se debe a la política del alcalde mayor.
Y hay más.
Bogotá es la única ciudad que tiene total cobertura educativa pública con restaurantes escolares; es la única ciudad donde lo atienden con privilegio por el Sisbén, porque el Distrito está al día en sus pagos a las clínicas y hospitales. Este es un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer, si hay conocimiento y voluntad política.
Estamos en un año electoral. Ojalá nos toque un alcalde político; no de directorios que están desprestigiados; político de verdad, que entienda su entorno, que interprete nuestro ideal de ciudad y tenga el carácter de actuar en consecuencia.
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