jueves, 15 de noviembre de 2012

Justicia, qué injusticia

El 1 de noviembre de 2012, por RCN radio, entre las 8 y las 8 y media de la mañana, entrevistaron al señor Alfonso Gómez Méndez y la pregunta que formuló un periodista me hizo erizar por lo carente de raciocinio.

El periodista preguntó:

-¿Usted no cree que a nuestra justicia, considerada la más ineficiente y lenta del mundo, no se justifica hacer un aumento de sueldo a sus funcionarios?

El señor Gómez Méndez se salió por la tangente y no respondió la pregunta. Él antes había sido Procurador y Fiscal General de la Nación, por tanto lo tocaba en su ineficiencia y lentitud, a pesar de recibir un sueldo de seis cifras; de ahí su evasiva.

Algunas consideraciones de nuestra cosecha:

-El periodista planteó un círculo vicioso favorable al gobierno: si los sueldos son bajos, los funcionarios laboran desmotivados y harán el trabajo lento e ineficiente. A su vez, si el trabajo es lento e ineficiente no se justifica aumentar los salarios porque se paga la calidad del trabajo. El paro judicial apunta a romper ese círculo.

-El paro en la Justicia se orienta hacia la nivelación salarial que observe con rigor la escala de méritos y dignidades con el sueldo percibido, para evitar grandes diferencias que se traducen en acumulación de responsabilidades en un sector de la escala, en sacrificio de otro.

-El gobierno nacional y la rama judicial se quedaron atrás en la modernización de los procedimientos. Esto se traduce en burocracia inútil y pasos que se pueden eliminar sin caer en el detrimento judicial. Para el gobierno invertir en la Justicia no es prioridad. Lo está demostrando.

La justicia, en Colombia, es un claro ejemplo de que a mayor complejidad en los procedimientos, mayor corrupción se desarrolla. Sucede igual en la Administración pública y en todas las administraciones. Si tuviéramos unos procedimientos sencillos y al alcance del ciudadano común, los corruptos no podrían esconderse y quedarían expuestos al escrutinio público. La tutela, a manera de ejemplo, es un procedimiento sencillo que el ciudadano común ya adoptó para la defensa de sus derechos fundamentales.

Por eso la quieren acabar los corruptos.

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