Cuando
se movilizaron médicos y enfermeras en contra de la Ley 100, muchos ciudadanos
los señalaron por oponerse a la modernización de la salud en Colombia,
utilizando los mismos argumentos que, en ese entonces, esgrimía el gobierno de
César Gaviria y la gran prensa al servicio del capital. Esas protestas, que
reclamaban la salud como un derecho, fueron reprimidas y hoy tenemos la salud
como un negocio de pocos. La Ley 100 cerró hospitales públicos para luego abrirlos
como clínicas privadas donde el valor de la vida se tasa en millones de pesos.
Quien quiera buena atención médica, tiene que pagarla.
Hoy
se movilizan los estudiantes en contra del proyecto que reforma la Ley 30 de
educación superior, ley y reforma lesivas para un país que quiere salir del
atraso a que lo han sometido sus gobernantes. Hoy está el gobierno de Juan
Manuel Santos y su flamante Ministra de Educación, imponiendo decisiones ya
tomadas para acabar con la educación pública, con el ropaje de las buenas
intenciones.
¿Y
por qué la quieren acabar? Porque es una imposición del Tratado de Libre
Comercio (TLC) que exige la entrada de los mercaderes norteamericanos de la
educación superior. (Hasta las universidades privadas corren el riesgo de ser
quebradas por las gringas, con bajos precios al inicio para luego subirlos a su
arbitrio, cuando no haya competencia.)
¿Cómo
quieren acabar con la educación pública? Como hicieron con la salud: cambiando
el derecho a la educación –que protege la Constitución Nacional–, por el
servicio a pagar, que da entrada al negocio privado.
Las
buenas intenciones del gobierno se plantean, como necesidad, para esconder las
finales consecuencias: educación, costosa y de baja calidad para ilustrar a unos
pocos adinerados; nula, para los menos afortunados.
El
gobierno dice que es necesario ampliar la cobertura de la educación superior,
sin embargo la financiación propuesta es tan pírrica, que conducirá al cierre
de universidades públicas para luego abrirlas como subsidiarias gringas. Ya
hubo un ejemplo con la Universidad de Salamanca en España: se amplió la
cobertura aumentando precariamente su financiación. El resultado final fue:
bajó la calidad de la educación que la puso en riesgo de cierre.
El
gobierno dice que otorgará financiación individual a estudiantes pobres que
quieran cursar estudios superiores. Si endeudarlos por 90 millones de pesos para
hacer una carrera de cinco años, es para estudiantes pobres, quiere decir que
este país está lleno de ricos. En nuestro sistema financiero, a ningún pobre le
prestan 90 millones de pesos ni aunque el gobierno sea el garante.
Siempre
ha sido así, se otorgan becas (que es lo mismo que limosnas) a unos pocos
estudiantes que la gran prensa se encarga de difundir como paradigma de
democracia educativa. A la inmensa mayoría de estudiantes colombianos se les
niega el derecho a la educación superior; pero como la prensa, anexa al
gobierno, no lo registra, pues se asume como una falsedad. Según la reforma que
quiere imponer el gobierno, ya no se les negará la educación superior a la
mayoría de los estudiantes, se les negará a todos los pobres y de clase media.
Preparémonos:
Si no apoyamos a los estudiantes en sus propuestas, la reforma a la educación
superior, como está planteada, nos hará, en el futuro, un país de conocimientos
comprados, o peor, un país de ignorantes sumisos; listos para ser colonizados y
esclavizados definitivamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario