Nuestros gobernantes y dirigentes políticos siguen
dando palos de ciego.
Se ha propuesto, por el gobierno de Juan Manuel
Santos, al Congreso de Colombia, una reforma a la Fiscalía para que se dedique
a atender los delitos importantes y deje de lado los delitos menores que
afectan al ciudadano común. El argumento principal para esta reforma, es que no
hay suficiente personal y que por atender delitos intrascendentes, la Fiscalía,
no se concentra en delitos graves. Para el gobierno, delitos graves son los que
tienen que ver con el rechazo al Estado, es decir los delitos políticos. El
ciudadano común, víctima del asalto a su residencia, al atraco callejero, a la
violación, al raponazo de su teléfono
móvil, y muerte, en caso de resistencia, no serán investigados u ocuparán el último lugar
de prioridad.
Esta es la típica calentura en las sábanas: La
impunidad, que hoy alcanza el 80%, se aumentará al 95%; el ciudadano común
quedará desprotegido, violando la Constitución Nacional que obliga al Estado a proteger,
aunque sea retóricamente, la vida, honra y bienes de sus asociados.
Pero las consecuencias serán atroces, y me atrevo a
asegurar que serán el preámbulo de una guerra civil en caso de aprobarse. Los
ciudadanos conformarán sus propios grupos de seguridad, en una espiral que no
tendría fin, y que derivarían en cuerpos armados de imprevisibles
consecuencias.
Estamos pues ante un gobierno carente de ideas
políticas.
No se necesita mucha meditación para concluir que un país
sin desigualdades sociales, con derechos garantizados, con oportunidades
abiertas para todos, es un país que requiere pocos instrumentos de justicia. A
un país justo lo hace un Estado justo, donde la delincuencia se atenúa o
desaparece en forma natural, y para llegar allá se deben hacer cambios
profundos en la estructura política del Estado, algo que el gobierno desconoce
por ignorancia o por conveniencia.
De ahí la calentura en las sábanas.
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