Desde lejanas épocas, Colombia ha perdido territorio
fundamentalmente por tres causas: No ha creado y mantenido con seriedad la
carrera diplomática; no ha ejercido soberanía sobre sus fronteras y posiciones
de ultramar; ha ignorado la Historia.
Veamos, como ejemplos de lo afirmado, el Conflicto con
el Perú, la pérdida del islote de Los Monjes y el reciente fallo de la Corte
Internacional de Justicia sobre San Andrés y sus cayos.
En el caso del Perú,
desde fines del siglo XIX era práctica común el abandono de las
fronteras, la ineficiencia administrativa y los convenios dolosos en la región
del Amazonas, Putumayo y Caquetá, lo cual permitió al Perú la invasión del
municipio colombiano de La pedrera en 1911, las actividades criminales de la
nefasta Casa Arana y la culminación de la toma de Leticia en 1932. Los peruanos
se movían en dos frentes: el de la agresión y la agitación diplomática;
Colombia exhibía timidez en ambos. Si se llegó a un acuerdo en 1933 fue por el
hecho fortuito del asesinato del dictador Sánchez Cerro del Perú que permitió
al general Oscar Benavides (el invasor de La Pedrera) asumir el poder y
concretar el Acuerdo de Ginebra con
Alfonso López Pumarejo. Perú obligó a Colombia –que no tenía por qué hacerlo–a
pactar unas negociaciones en el llamado Protocolo
de Rio de Janeiro donde los delegados colombianos eran Roberto Urdaneta
Arbeláez, Guillermo Valencia y Luis Cano, ninguno diplomático de carrera, y por
el Perú, Víctor Maúrtua, Víctor Andrés Belaúnde y Alberto Ulloa, todos avezados
diplomáticos. En el Acta adicional se observa la pérdida de territorio
colombiano y las aspiraciones satisfechas del Perú. Sólo alcanzamos la libre
navegación por el rio Amazonas.
En referencia al archipiélago de Los monjes, ubicado
al norte de la Guajira, para resumir, citemos al historiador César Torres del
Rio en su libro Grandes agresiones
Contra Colombia: “…archipiélago de Los Monjes, Propiedad de Colombia,
obsequiado a Venezuela en noviembre de 1952 con el argumento de que nuestro país
no poseía títulos jurídicos, y nuevamente regalado por el gobierno de César
Gaviria Trujillo en 1992. ¡Doble traición! Lo sorprendente es que Colombia sí
tenía y tiene aún sus derechos soberanos de propiedad.”
En el reciente fallo sobre el archipiélago de San
Andrés confluyen todos los vicios de nuestra clase política: abandono estatal
(denunciado tardíamente por el Vicepresidente), carencia absoluta de buenos
diplomáticos (en Colombia la diplomacia no es carrera, se usa como
contraprestación politiquera) e ignorancia de la historia (ni siquiera se
acordaron de denunciar el Pacto de Bogotá de 1948, que hubiera impedido acudir
a La Haya, en 2007, donde, según el decir de Clara López Obregón, “no teníamos
nada que ganar y sí mucho qué perder”).
Hacia el futuro –lo vemos claro–, Nicaragua apunta a
apoderarse de San Andrés con fuertes argumentos políticos: Seguramente
declarará a los habitantes del archipiélago ciudadanos nicaragüenses que podrán
seguir su vida normal de pesca y desarrollo y disfrutar, además, de los
derechos de salud y educación que Nicaragua tiene, –ahora más cerca de San
Andrés– y Colombia los ha negado.
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