Se acaba la Universidad pública

Bajo el gobierno de Andrés Pastrana y cuando la crisis del sistema financiero iba camino al desastre económico, se inventó un salvavidas para salvarlo: fue el impuesto del dos por mil, en transaciones bancarias, que regiría por tiempo limitado.

Hoy ese impuesto es permanente y ya va en el cuatro por mil, y sobre lo recaudado no hay claridad a dónde va a parar. Nadie pide cuentas.

Según el actual presidente, según sus ministros de hacienda y educación, la crisis de la educación pública superior es por falta de recursos económicos; no se les ocurre utilizar parte del actual impuesto del cuatro por mil, no se les ocurre crear un impuesto de emergencia como se hizo para salvar a unos ricos de la quiebra económica. Para la educación superior pública, para la gratuidad de la educación primaria y media, definitivamente no hay plata y punto. Aparece entonces una solución (a un problema creado por el gobierno) que es el pretexto para introducir la empresa privada a manejar la educación pública, tal como se hizo con la salud. La empresa privada (multinacionales incluidas), tendrán facilidades para invertir en las universidades públicas con el fin de volverlas viables, según la jerga neo liberal. Volverlas viables quiere decir volverlas privadas. El derecho a la educación, fácilmente se cambiará por un negocio de pocos. Esa es la Ley que se tramita en el Congreso.

Veremos entonces universidades endeudadas y rematadas como bienes públicos trastocados en privados. ¿Y la educación superior? Sólo la tendrá, quien pueda pagarla.

Ese es el Estado que nos han creado, que hemos permitido; el mismo Estado que de modelo para administrar el bienestar de una extensa comunidad, se ha cambiado por un monstruo que favorece a los detentadores del poder.

Al final del grado

Que los padres no le nieguen nada a los hijos cuando están en formación, es una labor amorosa elevada a ley; que los hijos, una vez graduados y despachados para que hagan su vida, se pierdan (algunos sin despedirse), es una consecuencia de esa ley. Quien mejor interpretó estos designios trascendentales fue doña Ligia García, matrona payanesa del siglo pasado.

Cuando su hijo menor se graduó de ingeniero civil (que en esos tiempos era una profesión lucrativa sin corromperse), y asistió a la ceremonia, le dijo en bajo tono apenas recibió el cartón:

-Bueno, hijo, no es para que me dé, sino para que no me pida.

La tragedia de la salud

Hace tres semanas el noticiero CMI entrevistó al presidente de la corporación Sánitas, de nombre tan enredado que es mejor ignorarlo. El periodista Yamit Amat inició con una pregunta:

-Doctor, díganos, ¿la salud es un servicio o un negocio?

El entrevistado respondió:

-Yamit, la salud es un servicio indudablemente, pero como todo servicio debe dar utilidades al que lo presta.

Se desprende de este diálogo inicial dos aspectos importantes y definitivos:

El periodista hizo la pregunta que le convenía al entrevistado y el entrevistado respondió lo que es una política del Estado colombiano, elevada a filosofía.

Si el periodista hubiera preguntado: ¿La salud es un derecho o un negocio?, seguramente hubiera hecho trastabillar al representante de la multinacional de la salud. Pero este señor hubiera salido avante cambiando la palabra derecho por servicio, con maromas idiomáticas para decir lo que quería. Y lo que quería decir es muy simple, la salud es un negocio cuyos intermediarios, llamados EPSs, están enriqueciéndose descomunalmente con la tragedia del pueblo colombiano con el triste y aberrante apoyo del Estado que, con leyes y decretos, ampara una inversión que no existe y desampara hasta la muerte a unos colombianos que sí existen.

Está claro que los derechos no son negocio, no deben serlo, pero nuestro Estado los ha convertido en vulgar mercancía. Tenemos derecho a vivir, pero se nos obliga a pagar a empresas privadas por garantizarnos la vida; tenemos derecho al consumo de agua potable, pero ahora nos la envasan las empresas transnacionales y la tenemos qué pagar en botellas; tenemos derecho a la salud, pero hay que pagarla, según la enfermedad.

Antes de la Ley 100, los aportes económicos del Estado a la salud, como derecho, llegaban directamente a los hospitales, clínicas y puestos de salud, los que verdaderamente atienden a los pacientes. No existía el intermediario, no existían las EPSs. El sistema antiguo, pese a la corrupción, era aceptable, era reformable, pero bastó que nos arrasara la nueva política impuesta desde afuera para convertir un sistema de salud humano, en un pacto criminal legalizado, cuyas muertes son el alimento de los carroñeros del capital.

Ahora se propone, como gran panacea, la abolición de la Ley 100 para corregir las fallas del sistema de salud, pero ya sabemos cómo son las aboliciones legales en este país. Al UPAC le cambiaron el nombre, ahora se llama UVR y sigue igual; la gran reforma al DAS consiste en cambiarle de sigla; igual para el AIS.

La solución verdaderamente trascendente es cambiar de política; cambiar la actual, que se fundamenta en la especulación económica, por otra que centralice en el ser humano la razón de ser de una nación.